El coronel Marino José Lugo Aguilar rindió declaración ante representes del Ministerio Público, un día antes de que muriera por ahorcamiento, tal como informó la Fiscalía General de la República.

Lugo Aguilar fue detenido el domingo pasado en Puerto Cabello (Carabobo) por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), quienes lo condujeron hasta su sede principal ubicada en Boleíta, municipio Sucre (Miranda). El militar tenía una orden de aprehensión por su presunta vinculación con la trama de corrupción PDVSA-Cripto, según lo informado en las redes sociales del Ministerio Público. Durante la gestión de Tarek El Aissami al frente de PDVSA, Marino Lugo se desempeñó como director de Mercado Nacional.

El día lunes, Lugo Aguilar fue interrogado por representantes del Ministerio Público ante quienes reveló detalles de los hechos de corrupción detectados dentro de la principal industria petrolera venezolana.

En esa exposición, el coronel señaló que habría entregado 300 millones de dólares a Joselip Ramírez, para entonces jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), desde donde convertían en monedas digitales las divisas obtenidas por la venta del petróleo venezolano, sin que esos dividendos ingresaran a la República, de acuerdo a lo investigado.

El detenido igualmente explicó cómo funcionaba el esquema paralelo para desviar las divisas obtenidas por el grupo de Tarek El Aissami en las ventas del crudo mediante operaciones ejecutadas por privados y funcionarios públicos.

El Ministerio Público ha dicho que el propósito de todo ese plan era “implosionar a la economía” para provocar caos lo cual obligaría a un derrocamiento violento del presidente Nicolás Maduro.

Las gasolineras

Uno de los mecanismos empleados en ese plan era el control de las divisas ingresadas por venta del combustible en Venezuela, área a cargo de Lugo Aguilar.  

Al respecto, en marzo de 2020, el entonces ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, anunció al país un nuevo esquema para la comercialización del combustible el cual inició el 1° de junio del 2020.

Ese esquema incluía dos modalidades: gasolina subsidiada y dolarizada. La subsidiada se otorgaría a través del Sistema Patria donde están afiliados aproximadamente 19 millones de venezolanos, a quienes le cargarían 120 litros al mes a razón de 0,11 centavos de dólar. Mientras que el combustible a precio internacional se vendería a 0,50 centavos de dólar.

El combustible subsidiado se expendía originalmente en 1.368 estaciones de servicio y 200 para la dolarizada.  

De acuerdo a informes técnicos a los cuales tuvimos acceso, de esas 200 estaciones autorizadas para vender a precio internacional, Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de PDVSA, seleccionó 150 que denominó “de confianza”. Ese grupo de gasolineras, manejadas por empresarios privados, debían entregar el pago en efectivo (billetes verdes) ante la Dirección de Mercadeo Interno de PDVSA a cargo del coronel Marino Lugo y este a su vez los llevaba a la oficina de Pérez Suárez. De hecho, cuando realizan el allanamiento a ese despacho en marzo de 2023, los funcionarios de la Policía Nacional contra la Corrupción localizaron fajos de dólares en distintos sitios de la oficina.

Y en caso de que el dueño de la estación no acudiera a llevar las divisas semanalmente, se presentaba al sitio una comisión de Prevención de Control y Pérdidas de PDVSA a retirar el efectivo.

A esas estaciones de confianza les despachaban diariamente dos gandolas que cargaban entre 23 mil y 33 mil litros. PDVSA se los vendía a 0.49 centavos de dólar para que lo vendieran a 50 centavos, según el informe donde se especifica que el precio podía variar en beneficio del empresario privado.

Cada semana las 150 estaciones de confianza arrojaban un aproximado de 109 mil 760 dólares.

Ese esquema duró 32 meses (junio 2020-marzo 2023), lo cual produjo $2.041.583.000 que no ingresaron al Estado venezolano, sino que fueron convertidos en monedas digitales a través de esa especie de “banca paralela” manejada, al parecer, desde la Sunacrip, según la investigación. Hasta ahora el dinero robado bajo ese esquema no ha sido recuperado en su totalidad. “Estamos tras la pista del grueso de lo robado”, dijo el presidente Nicolás Maduro el pasado lunes 15 de abril durante su programa semanal.

Y en razón de ese esquema, es que el coronel fallecido habría entregado los 300 millones de dólares al entonces jefe de la Sunacrip, Joselit Ramírez, actualmente detenido en el marco de la Operación Anticorrupción.

A Lugo Aguilar le habían imputado los delitos de apropiación o distracción del patrimonio público, concierto para la celebración de contratos, evasión de procedimientos, controles o restricciones en licitaciones, legitimación de capitales y traición a la patria, informó el Ministerio Público.

Este miércoles, el despacho del fiscal general Tarek William Saab dijo que la evidencia recabada en el sitio donde murió Lugo Aguilar “establece preliminarmente que el deceso ocurrió por ahorcamiento”.

Refiere la Fiscalía que un médico forense acudió al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamef), ubicada en Bello Monte, a practicar la autopsia al cadáver de Lugo Aguilar. 

(Eligio Rojas / Últimas Noticias)


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